La Comisión de Salud Pública, órgano dependiente del Ministerio de Sanidad, ha decidido a qué grupos de personas se les va a suministrar la tercera dosis de la vacuna contra la Covid-19. Desde Plena inclusión, confederación que agrupa a 940 asociaciones que defienden los derechos de las personas con discapacidad intelectual y sus familias, se solicita al Gobierno que tenga en cuenta la situación de vulnerabilidad de miles de estas personas que permanecen en residencias.

La organización, que también gestiona más de 1.000 residencias en todo el país en las que se atiende a cerca de 17.000 personas con discapacidad intelectual o del desarrollo (síndrome de Down, parálisis cerebral y autismo), recuerda que la Estrategia Estatal de Vacunación ya priorizó a este grupo humano cuando se comenzaron a distribuir las primeras dosis destinadas a personas mayores en residencias.

EVITAR NUEVOS CONTAGIOS

“La protección de estas personas funcionó entonces y seguro que servirá ahora para garantizar la protección de un colectivo especialmente sometido al riesgo de contagios”, apunta Santiago López, presidente de Plena inclusión España.

Plena inclusión celebra que la Comisión de Salud Pública quiera incorporar en esta primera etapa de extensión de la tercera dosis a las personas con síndrome Down mayores de 40 años, pero solicita que se amplíe, como ha sucedido en el pasado, a miles de personas con discapacidad intelectual o del desarrollo.

También demanda que se amplíen las medidas generales de protección a otros centros de discapacidad masificados como centros de día, centros especiales de empleo, colegios de educación especial, etc. La confederación gestiona 4.000 de estos recursos asistenciales y, en consecuencia, conoce muy de cerca la necesidad de proteger a miles de personas con discapacidad intelectual que acuden allí a diario.